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El
Profesor, ¿autoridad pública?
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, quiere que los profesores
tengan condición de "autoridad pública" y la
apliquen en las clases de acuerdo a la
"importantísima labor" que desempeñan en la edu-cación
de los alumnos. ¿Qué significa esto en la
práctica? Pues dar más poder al profesor en
todos los sentidos.
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Al convertirse en una autoridad pública,
las acciones contra el funcionamiento de
la actividad docente, por ejemplo, se
pueden perseguir de oficio desde la
fiscalía, se refuerza la figura del
profesor y las faltas que se realizan
contra ellos tendrán una consideración
más graves.
La medida
pretende mejorar la convivencia en las
aulas, recuperando la autoridad de los
docentes. Los médicos, los inspectores
de educación y sanidad y los jueces ya
disfrutan de esta distinción, que les
presupone veracidad y convierte en
delito de atentado contra la
autoridad pública la agresión contra
su persona.
Hasta aquí el
relato de unas pretensiones legales por
parte de una gobierno autonómico, que
vienen desencadenadas, en última
instancia, por unos hechos acaecidos en
un
colegio de
Vallecas. A partir de
aquí, las opiniones, a favor y en
contra. |
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Dos de los
más beligerantes en este debate han sido el
sindicato ANPE y la defensora del Profesor de la
Comunidad Autónoma de Madrid, que ya
solicitaron, el pasado mes de marzo, que se
calificara directamente a los profesores como
autoridad pública.
Así, los
profesores “tendrían presunción de veracidad
y cualquier agresión o intento de ella sería
inmediatamente un delito de atentado",
explicaron en su momento fuentes sindicales de
ANPE. Precisamente éste es uno de los aspectos
que más valoran los docentes: el principio de
veracidad que se presupone a todas las
autoridades públicas y que remarcaría el poder
del profesor dentro de su aula.
Los docentes
somos conscientes de que los problemas en los
colegios no se resuelven a golpe de ley, pero
las cifras de agresiones, presiones, amenazas y
bajas psicológicas por estos casos de violencia
aumentan cada año. Lo que esta normativa
pretende, según sus defensores, es servir de
disuasión a los jóvenes que quieran intentar
cualquier tipo de agresión física o psíquica
porque su falta ya no se juzgaría dentro del
ámbito escolar sino que se trasladaría
directamente a los juzgados.
También, por
supuesto, ha habido críticas negativas a esta
propuesta. Así, el Ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ve con reticencias otorgar
autoridad pública a los docentes sin la
aprobación del sector educativo y cree que es
"complicada" desde el punto de vista
administrativo. Aunque los sindicatos CC.OO.
y UGT apoyan este reconocimiento al profesor
creen que es "insuficiente" e "inútil"
para resolver el conjunto de problemas
educativos de la Comunidad. Asimismo, la
Confederación Española de asociaciones de madres
y padre de alumnos (CEAPA) cree que se
trata de una "vuelta al pasado" y que "la
autoridad no se puede dar por decreto", sino que
ha de ganarse día a día en las aulas.
En esta línea
se ha mostrado CC.OO., que considera "peligrosísimo"
que se crea que por dar más autoridad legal al
profesor se solucione el problema de la
disciplina en las aulas. Desde la asociación de
padres CEAPA, muy crítica con la normativa,
piden "medidas más concretas" y más
urgentes, como la "falta de formación de los
profesores" o la conciliación de la vida
laboral y profesional de los padres. Denuncian
que la mayoría no puede acudir a las tutorías.
En fin, como
podemos ver, al menos se ha abierto un debate
ante un hecho innegable del que, por cierto, en
DECROLY no nos vemos hoy inmersos pero que es
evidente hay que tratar, estudiar, discutir y
solucionar.
Yo no tengo
la respuesta. Evidentemente y como en muchos
otros temas (por ejemplo, la violencia
doméstica), es una cuestión de educación pero
también de que todos tengamos claro las
consecuencias de nuestras acciones. El problema,
y esto es una opinión particular, es que en
nuestro país parece que hay miedo a sancionar y,
a veces, parece que también a educar en valores
tales como el respeto a los demás. Eso sí, somos
los primeros en exigir respeto hacia nosotros,
los primeros en hacer valer nuestros derechos.
Y esto es
labor de muchos, empezando por las familias,
continuando por los docentes y terminando por la
sociedad en general. Yo no sé si la medada
propuesta por la comunidad de Madrid tendrá
efectos positivos o negativos, pero, al menos,
abre un debate y propone algo. Pues debatamos y
busquemos entre todos una solución (ojo no al
profesorado, una solución a la sociedad).
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