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La
Educación en Cantabria, en Tele Bahía
El pasado jueves día 29 de octubre, la
televisión local Tele Bahía, dedicó el programa
“El Foro” a debatir sobre la Educación en
Cantabria. Tuve el honor de participar, invitado
por el Director de la cadena Juanjo Cagigas, en
re-presentación de la Asociación de Centros de
Enseñanza Privada de Cantabria –CECE Cantabria-
que presido.
Junto a otros
ilustres invitados: Juan Carlos Corniero, en
representación del sindicato CSIF; José Antonio
Cagigas, diputado regional del PP y responsable
de educación del partido y Alonso Gutiérrez,
Jefe de la Unidad de Evaluación y Acreditación
de la Consejería de Educación me fue posible
presentar algunas reflexiones sobre la situación
actual y the sugerir una serie de propuestas de
mejora para el futuro.
En primer
turno de intervenciones, el presentador puso
sobre la mesa una pregunta sobre las iniciativas
políticas y sociales relacionadas con el
reconocimiento del profesorado como autoridad
pública. Todos los contertulios manifestamos
nuestra preocupación ante las permanentes
evidencias de deterioro social de la figura del
profesor. Un denominador común, sin embargo,
manifestado por todos los participantes hizo
referencia a la necesidad de una reflexión
colectiva, sincera y sin condicionamientos
previos para aportar propuestas de mejora
asumibles por todos los agentes implicados en la
educación. Sin embargo, las posiciones de unos y
otros se centraron en aspectos muy concretos que
enriquecieron, con sus puntos de vista, el
análisis del estado de la situación. Eso sí,
demandé que tal condición fuera aplicada a todo
el profesorado, sin distinción por razones de
titularidad del centro de trabajo.
Alonso
Gutiérrez apuntó, a mayor abundamiento, que la
Consejería de Educación de Cantabria presta un
apoyo incondicional al profesorado ante
situaciones graves de convivencia en los
centros. En lo que a mi respecta, coincidí con
Alonso Gutiérrez en que desde la administración
se presta un gran apoyo al profesorado ante
situaciones de agravio y/o agresiones de más o
menos intensidad.
Sin embargo,
ello no es óbice para afirmar que el profesorado
de hoy debe afrontar situaciones de convivencia
y relaciones con alumnos y padres, en ocasiones
muy difíciles, fruto de las actitudes y
comportamientos que se producen en el seno de la
familia y de la sociedad. Vivimos en un mundo en
el que se han dilapidado algunos valores que
hasta hace muy poco tiempo se consideraban
esenciales. Me refiero al papel del padre y de
la madre, en el ámbito familiar; el respeto a
las personas, en general y a las más mayores, en
particular; el reconocimiento de la autoridad de
los profesores en el centro escolar.
El
profesorado ha visto mermado, igualmente, el
apoyo de las familias a su labor. En no pocas
ocasiones los padres o tutores no asisten a las
llamadas de los profesores de sus hijos para
conocer situaciones académicas o de otro tipo
que les afectan. En algunos casos, cuando
asisten, lejos de colaborar con los consejos y
orientaciones de los profesores y aceptar hechos
– sucesos, para reconducir situaciones
contrarias a las normas de convivencia,
manifiestan una actitud contraria a los mismos
y, en no pocas ocasiones, permisivas con sus
hijos, cuando no apoyándoles ante evidencias de
comportamientos inaceptables, desautorizando las
medidas del profesorado.
Yo tengo
siempre presente, en mi mente y en mi corazón, a
mi maestra, a la maestra de mi pueblo con la que
cursé todos los estudios de la entonces
denominada enseñanza primaria, en una edad
comprendida entre los 5 -10 años: Dª María
Torner. Si, digo bien, Dª María, así la
llamábamos sus discípulos y también nuestros
padres. Aquella mujer se preocupaba de sus
alumnos, -como hacemos hoy la inmensa mayoría de
los profesionales docentes con los nuestros-.
Sus palabras, sin embargo, eran “ley” para
nosotros. La obedecíamos y la respetábamos,
tanto nosotros como nuestros padres. Gozaba de
gran prestigio. Su autoridad en clase era
incuestionable y sus recomendaciones a los
padres de alumnos eran siempre bien recibidas y
apoyadas sin fisuras.
El cambio y
evolución del sistema educativo ha colocado en
una posición igualitaria a todos los componentes
de la comunidad educativa. Ello está causando,
en algunos momentos, serios contratiempos a los
profesionales docentes, especialmente causados
por el comportamiento de algunos alumnos que
tratan al profesorado de la misma manera que a
sus propios compañeros, con poca educación, sin
respecto y, en ocasiones, cuestionando su
autoridad en la gestión del grupo - clase. En
suma, no existe hoy un reconocimiento
generalizado de la autoridad del profesional
docente en el ejercicio de sus funciones.
Un segundo
bloque de intervenciones tuvo que ver con la
calidad del sistema educativo en Cantabria.
Es evidente que la calidad de la educación en
Cantabria ha mejorado a través del tiempo. Todos
los participantes en “El Foro” lo reconocimos.
Sin embargo, los puntos de vista sobre este tema
varían mucho en función de quien los vierte: sea
la administración, los partidos políticos de la
oposición, los sindicatos o las patronales.
Este apartado
monopolizado por Alonso Gutiérrez y José Antonio
Cagigas, en primea instancia, repasó el estatus
de Cantabria en el mundo y en España, según las
variadas evaluaciones internas y externas
efectuadas sobre el sistema. Ante los puntos
fuertes y áreas de mejoras debatidos por los
representantes de la administración y de la
principal fuerza política de la oposición, el
moderador me propuso una pregunta que, en
realidad, fueron varias: ¿Qué se puede hacer?
Y se refirió al pacto educativo, a la
recuperación de valores por parte del alumnado,
….
En una
primera reflexión, al hilo de las intervenciones
de Alonso Gutiérrez y José Antonio Cagigas,
afirmé con rotundidad mi apoyo a una
evaluación global del sistema educativo,
tanto a nivel interno como externo. Es preciso
integrar en la práctica docente diaria un
procedimiento de evaluación interna de los
procesos de enseñanza – aprendizaje que nos
permita conocer el estado de la situación. Un
diagnóstico objetivo interno de los recursos
materiales y humanos de los que dispone el
centro ayudará a definir mejor el proyecto
educativo de cada uno de ellos y orientará en
las necesarias actuaciones en materia de
formación permanente del profesorado. Por otro
lado, una evaluación externa, realizada por
organismos autónomos e independientes, puede
aportar un diagnóstico igualmente objetivo e
imparcial que contribuya a poner en valor
actuaciones tanto por la administración
educativa como por cada centro.
A
continuación, recogiendo una de las múltiples
áreas aludidas por el moderador en la pregunta
que me formuló, aludí al pacto de estado por
la educación. En ese sentido, presenté mi
tesis a favor de un diálogo sincero y
constructivo desde los partidos políticos y los
agentes económicos y sociales. Existe un clamor
en la sociedad española y cántabra que demanda
un entendimiento que estabilice el sistema
educativo, al margen de las eventuales
alternancias en el gobierno estatal o
autonómico. Alcanzar un pacto de estado por
la educación es una exigencia de una
sociedad que no puede estar sometida a los
vaivenes políticos en esta materia. ¡Nos jugamos
el futuro de nuestros ciudadanos!
Desde la
Constitución de 1978, los partidos políticos
gobernantes han querido dejar su impronta en
materia de educación, sin aceptar las opiniones
y las propuestas de los otros. La ausencia de
consenso alguno con la oposición y los agentes
sociales fue el denominador común en este
período de tiempo. La Ley Orgánica sobre el
Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de
1.980, promulgada por la Unión del Centro
Democrático (UCD); la Ley Orgánica Reguladora
del Derecho a la Educación (LODE), de 1.985
y la Ley Orgánica General de Ordenamiento del
Sistema Educativo (LOGSE), de 1.990, que
salieron a la luz durante la primera etapa de
gobierno del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE); la Ley de Calidad en la Educación (LOECE)
de 2.002, elaborada por el Partido Popular (PP)
y la Ley Orgánica de Educación (LOE), de
2.006, que entró en vigor durante el mandato
en el gobierno del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), son el botón de muestra que
avala mi tesis. ¿No son demasiadas leyes para un
período tan corto de tiempo?
Aún tuve
tiempo en mi turno para recoger el testigo del
moderador en relación con la recuperación de
algunos valores por parte del alumnado,
depreciados a lo largo del tiempo. En ese
sentido, enumeré un ramillete de ellos como:
esfuerzo, respeto y tolerancia, sacrificio,
superación, autoestima, laboriosidad,
responsabilidad, lealtad, perseverancia
Concluí mi
intervención con una llamada a la reflexión
sobre los temas menores, sobre aquello que
podemos hacer en cada centro escolar para
mejorar la educación y formación de nuestros
alumnos, al margen de nuestra capacidad de
influir en leyes y normativa general que compete
a la administración pública. En ese sentido
aludí a la aportación de la comunidad educativa
de cada centro para proporcionar una educación
de calidad a sus alumnos, acorde con las
exigencias cambiantes de la sociedad en que
vivimos. Hasta el año 1979, la educación en
España estuvo regulada por la Ley General de
Educación (LGE) de 1.970 que, a su vez, fue
precedida por La Ley de Instrucción Pública,
de 9 de septiembre de 1857, más conocida
como Ley Moyano, que fue la primera Ley General
de Educación.
Hasta el año
1970 la educación en España estaba regida por
una Ley del siglo XIX. En esa fecha ya estábamos
en activo algunos profesionales docentes
actuales y los cambios sociales y tecnológicos
han sido tan galopantes que algunos de nosotros
no les hemos interiorizado totalmente aún. El
impacto de Internet y las nuevas tecnologías de
la información a partir de los años 90 del
pasado siglo XX han “revolucionado” la sociedad
y también el sistema educativo. La escuela de
hoy, la escuela del siglo XXI demanda un cambio
radical en la educación y ello no es posible sin
una implicación absoluta del profesorado. Las
resistencias son inútiles; solo aplazarán la
“agonía” de un sistema caduco. La sociedad de
hoy exige profesionales docentes competentes,
capaces de formar adecuadamente a los niños y
jóvenes de hoy; exige unos ciudadanos con una
formación humanística y científica integral que
desarrolle sus competencias básicas, personales,
profesionales y sociales que exigen esta época
que nos toca vivir.
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